• El VI Congreso de Derecho Inmobiliario se ha vinculado, en el marco del proyecto del Colegio de la Abogacía de Barcelona “12 Congresos, 12 Causas”, a la Asociación Vivienda Social
• Durante el ‘VI Congreso de Derecho Inmobiliario’ se ha hecho entrega a los asistentes del libro con las ponencias del Congreso, editado por la editorial jurídica Sepín y el ICAB, y que ha contado con la causa social de la Fundació La Marató de TV3.
• Más de 600 asistentes han seguido este Congreso organizado por el Colegio de la Abogacía de Barcelona; el Colegio de Administradores de Fincas Barcelona-Lleida; el Colegio Notarial de Catalunya; el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana de Catalunya; el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona; la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya; el Consell de l’Advocacia Catalana; la Cátedra de Derecho Registral de la Universidad de Barcelona; el Ilustre Colegio de Procuradores de Barcelona; la Asociación de Promotores de Catalunya y el Decanato Autonómico de los Registradores de Catalunya

Más de 600 profesionales del sector jurídico -entre presencial y online- han asistido al VI Congreso de Derecho Inmobiliario, que se ha celebrado el 22 de abril en la sede del Colegio de la Abogacía de Barcelona, con el objetivo de facilitar datos del sector, analizar la legislación sobre alquileres y adquisiciones y abordar el impacto del urbanismo y el régimen sancionador en el ámbito inmobiliario.

El VI Congreso de Derecho Inmobiliario se ha vinculado a la Asociación Vivienda Social

La inauguración social del VI Congreso de Derecho Inmobiliario ha ido a cargo de Cristina Vallejo, decana del ICAB; Marta Domènech, diputada de la Junta del ICAB; y Laura Pujol, en representación de la Fundación Habitatge Social. Mientras que Marta Legarreta, abogada y presidenta de la Sección de Derecho Civil del ICAB, ha realizado la inauguración académica del Congreso.

La decana del ICAB, Cristina Vallejo, ha explicado que “el VI Congreso de Derecho Inmobiliario forma parte del proyecto de la Junta de Gobierno del ICAB, ‘12 Congresos, 12 Causas’, una iniciativa con la que el Colegio de la Abogacía de Barcelona pone en valor la función social de la abogacía, vinculando los principales congresos jurídicos que organiza esta corporación con 12 entidades que trabajan desinteresadamente para transformar la sociedad, defender los derechos y mejorar la vida de las personas. En esta ocasión, el VI Congreso de Derecho Inmobiliario se ha vinculado a la Asociación Habitatge Social, una entidad con 35 años de experiencia en la gestión de vivienda social para los colectivos más desfavorecidos”. La decana también ha agradecido la colaboración de la editorial jurídica Sepín, que ha editado un libro con las ponencias del ‘VI Congreso de Derecho Inmobiliario’, una obra que ha contado con la causa social de la Fundació La Marató de TV3.

La diputada de la Junta de Gobierno Marta Domènech ha afirmado que “existe un gran problema con la vivienda, que no estamos consiguiendo solucionar”, y por ello es tan importante dar visibilidad a entidades como la Fundación Vivienda Social.

En representación de la Fundación Habitatge Social, Laura Pujol, ha afirmado: “trabajamos para proporcionar vivienda a familias con niños en situación grave de vulnerabilidad. El objetivo es que, gracias a estas viviendas y al acompañamiento social del proyecto Oikos, las familias puedan recuperar su autonomía y su proyecto de vida. Y esto es posible gracias a la colaboración de muchas personas, empresas y administraciones que, como el ICAB hoy, aportan recursos para sacar adelante nuestra misión”. También ha destacado que “el 47% de las personas a las que asiste la entidad son mujeres con hijos a su cargo y que el proyecto no sería posible sin la colaboración de personas, empresas y administraciones que aportan recursos para llevar a cabo su misión”.

A continuación, ha intervenido la presidenta de la Sección de Derecho Civil del ICAB, Marta Legarreta, para realizar la inauguración en el ámbito académico. Legarreta ha destacado el trabajo de la Sección de Derecho Civil en la organización de este Congreso, que es una referencia para el sector y que aborda uno de los principales problemas que afecta actualmente a la ciudadanía, como es el acceso a la vivienda.

Datos del sector, legislación sobre alquileres y adquisiciones, impacto del urbanismo y régimen sancionador

El VI Congreso de Derecho Inmobiliario ha sido organizado por el Colegio de la Abogacía de Barcelona; el Colegio de Administradores de Fincas Barcelona-Lleida; el Colegio Notarial de Catalunya; el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana de Catalunya; el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona; la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya; el Consell de l’Advocacia Catalana; la Cátedra de Derecho Registral de la Universidad de Barcelona; el Ilustre Colegio de Procuradores de Barcelona; la Asociación de Promotores de Catalunya y el Decanato Autonómico de los Registradores de Catalunya, con el objetivo de reunir a todos los profesionales del sector inmobiliario para analizar de forma transversal y a través de cinco mesas los siguientes temas:

En el marco de la primera mesa del Congreso, representantes de la Dirección General de Vivienda del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat; de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona; de la Dirección General de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya; del Colegio Notarial de Catalunya; de los registradores de la propiedad de Catalunya; de la Dirección del Centro de Estudios e Investigación del COAPI de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya; del decanato del Colegio de Procuradores de Barcelona y del decanato del Colegio de la Abogacía de Barcelona han facilitado datos del sector inmobiliario.

En esta mesa se ha destacado que los datos para poder establecer políticas adecuadas, eficientes y orientadas a resolver el problema del acceso a la vivienda deben ser protagonistas. Entre otros datos, se ha puesto de manifiesto que de 2019 a 2025 en España ha habido un incremento del precio de la vivienda del 31,7% en Cataluña y del 23,5% en España, según datos del Colegio de Registradores de España. El precio medio de una vivienda en Barcelona ya ronda los 270.000 euros, más impuestos, cifra que asciende a los 300.000 euros.

También se ha dado a conocer que las viviendas protegidas en España en el mismo período han bajado del 9,49% al 6,95%, y en Cataluña la cifra ha sido del 5,90%. Por otra parte, los promotores y constructores de Cataluña alertan de que se alargan los plazos urbanísticos y de concesión de licencias, y que existe escasez de suelo.

En el marco de esta mesa también se ha resaltado que en Catalunya se realiza un tercio de los lanzamientos de toda España. ¿El motivo? En el 75% de los casos la causa es el impago de rentas. Además, la media para recuperar la posesión es de 20 meses y el 70% de las personas que reclaman la posesión del inmueble son personas físicas.

Ante todos estos datos, la conclusión es clara: existe una oferta insuficiente y un déficit anual cercano a las 10.000 viviendas.

En el marco de la segunda mesa se ha abordado la legislación actual del alquiler, con el objetivo de tratar la aplicación práctica de los topes de renta en zonas tensionadas; los alquileres de temporada, por habitaciones y coliving; así como la actualización de rentas y los conflictos contractuales. En la tercera mesa también se ha analizado la legislación actual en materia de adquisiciones para tratar la restricción al derecho de propiedad; el impacto del tanteo y retracto y las medidas fiscales autonómicas 2025-2026 con impacto en transmisiones.

En estas dos mesas se ha puesto de manifiesto que la reciente regulación del alquiler de temporada y del alquiler de habitaciones abre una nueva etapa marcada, de nuevo, por interrogantes interpretativos que aún no están plenamente resueltos. Por ello, lejos de cerrar el debate, la nueva regulación anuncia nuevos espacios de controversia sobre el alcance de estas figuras, los elementos de calificación jurídica de los contratos y la forma en que deberán aplicarse las obligaciones materiales e informativas en cada caso.

Por ello, la conclusión de fondo es clara: el mercado del alquiler necesita menos superposición normativa y más claridad; menos incertidumbre interpretativa y más criterios previos, estables y públicos; y menos lógica reactiva de control a posteriori. Es necesaria una regulación que permita saber de antemano qué es exigible y qué no. Sin esta base, no solo se debilita la confianza de los propietarios y profesionales, sino que también se dificulta el buen funcionamiento del mercado y la finalidad última que toda regulación de vivienda debería perseguir: combinar protección, oferta y seguridad jurídica efectiva.

También se ha hecho hincapié en que las soluciones no solo comprenden medidas relacionadas con la vivienda, sino que es necesario un Pacto integral y transversal por la vivienda: medidas en movilidad, urbanismo, fiscalidad y burocracia administrativa. El déficit estructural entre la oferta y la demanda requiere medidas plurales.

La cuarta mesa ha tratado la incidencia del urbanismo en el derecho de propiedad, incidiendo en la reserva de suelo, la planificación y novedades, la información previa en compraventas —como la situación urbanística del inmueble— o el impacto y requisitos en el cambio de uso. En esta mesa se ha puesto de manifiesto que es necesario enfocar el problema evitando el enfrentamiento entre ciudadanos (propietarios/arrendatarios), dado que unos tienen los bienes que los otros necesitan.

Por ello, se considera necesaria una regulación equilibrada en derechos y deberes, en la que la Administración invierta suficientes recursos y asuma su responsabilidad en facilitar la solución: más recursos y mejor regulación; simplificación para obtener licencias; facilitar los cambios de uso de locales para reconvertirlos en vivienda y agilizar los trámites para obtener vivienda de obra nueva lo antes posible.

La quinta y última mesa ha tratado el régimen sancionador y la seguridad jurídica, para estudiar el derecho de propiedad y considerar qué aspectos están generando inseguridad jurídica; evaluar la proporcionalidad en casos reales de infracción y sanción; el control de la jurisdicción; y se ha dado a conocer la propuesta legislativa sobre ocupación delictiva —elaborada por la Comisión de Normativa del ICAB— que pretende la recuperación cautelar en el plazo de 48 horas.

La clausura del Congreso ha corrido a cargo de Cristina Vallejo, decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona; Carme Oriol, vicepresidenta del Consell de l’Advocacia Catalana; Miquel Bagudanch, director de la Agencia de la Vivienda de Cataluña; José Alberto Marín, decano presidente del Colegio de Notarios de Catalunya; Vicente García-Hinojal, decano de los Registradores de la Propiedad de Catalunya; Francisco Javier, decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Barcelona; Lorenzo Viñas, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida; Montserrat Junyent, presidenta de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API); Joan Ràfols y el presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, Xavier Vilajoana.

Todos los expertos en Derecho Inmobiliario participantes en este Congreso y la Agencia de la Vivienda de Catalunya han evidenciado la necesaria colaboración público-privada y han leído las conclusiones de la jornada. También ha participado en la clausura Núria Lambea, patrona de la Fundación Habitatge Social, quien ha agradecido la visibilidad que se ha dado a su proyecto.