La proposición recuerda que a partir de la vigencia de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil y del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, las solicitudes de nacionalidad por residencia son instruidas por la Dirección General de los Registros y del Notariado y finalizan con la resolución del ministro de Justicia, desapareciendo el carácter judicial de la tramitación, así como la gratuidad en la presentación de las solicitudes peticiones de adquisición de nacionalidad por residencia.

En el nuevo procedimiento todos los solicitantes deben hacer frente al pago de la tasa de 100 euros y cuestiona que no sean tomadas en consideración las circunstancias personales de los mismos: menores de edad, personas con discapacidad intelectual, familias numerosas con dificultades económicas no son eximidos de su pago.

Considera que el derecho de acceso a la nacionalidad por residencia no debería estar sujeta a contraprestación económica ni se debería permitir que se produjeran discriminaciones económicas en función del país de origen del solicitante.

Por ello, plantea la supresión de esta tasa mediante la derogación del apartado 4 de la Disposición final séptima de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil.

• http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_12_215_1705.PDF

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