No existe una cifra oficial real para el número de abogados en peligro por ejercer el derecho de defensa en todo el mundo. Sin embargo, cada día los abogados son asesinados, amenazados, arrestados, torturados, procesados o simplemente desaparecidos

Entre los países más peligrosos para los defensores de los derechos humanos y garantes del derecho de defensa, encontramos a China, Irán, Honduras, Filipinas, Colombia, México, Pakistán, Venezuela o Egipto.

Expresamos, una vez más la preocupación por la grave situación que están padeciendo durante este último año, los abogados y abogadas en países como Turquía, donde existe una situación de persecución instigada por las autoridades que se ha agravado notablemente. Cerca de 300 abogados se encuentran privados de libertad, existen más de 100 órdenes de detención.

Mientras en países como Venezuela o Egipto, se producen diariamente detenciones prolongadas sin una decisión motivada de abogados y abogadas que asesoran y representan a defensores de los derechos humanos. Y se ven sometidos a acoso e intimidación e incluso al exilio.

Hace pocos días asistimos con consternación al cruel asesinato de la abogada ucraniana Iryna Nozdrovska que hizo campaña en defensa de los derechos humanos.

Estos atentados a los derechos humanos y al derecho de defensa, no pueden quedar incontestados porque son ataques frontales al estado de Derecho y a la defensa de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas.

Reclamamos una protección eficaz a todos los abogados y abogadas, que permita que los mismos puedan continuar con sus actividades legítimas y pacíficas en defensa de los derechos humanos sin temor a la intimidación, el acoso, represalias y la pérdida de su propia vida.

Interpelamos a los Estados a cumplir y asegurar los Principios básicos sobre la función de los abogados, adoptados en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 27 de septiembre de 1990. En la que propugna que:

Los gobiernos deben garantizar que los abogados:

a) Puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas.

b)  Puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su país como en el exterior.

c) No sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión.

Conminamos a los Estados a mantener la seguridad de los abogados cuando ésta sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibiendo de las autoridades protección adecuada.

No es posible mantener un Estado de Derecho cuando se amenaza a los profesionales encargados de hacer cumplir las leyes. Las amenazas y peor aún, los asesinatos de colegas en el ejercicio de su profesión deben ser investigado y procesado con prioridad por el Estado mismo, en defensa del sistema democrático que pretende mantener.