Como es sabido, la Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento histórico, traducido a más de 500 lenguas, que proclama derechos inalienables para toda persona, independientemente de factores que a lo largo de la historia (y aún en la actualidad) han sido determinantes para que determinados sectores o grupos intenten imponerse sobre otros: raza, color, religión, sexo, idioma, tendencia política o de otra naturaleza, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición diferenciadora.

El 10 de diciembre es un día para rememorar la vigencia de los Derechos Humanos y el deber de los Estados de respetarlos en toda circunstancia. Con este espíritu debemos celebrar este día, reafirmando nuestra vocación de seguir incidiendo en la esfera pública, sin cesar en la reivindicación para alcanzar el respeto universal de los Derechos Humanos en cada rincón del planeta.

A este respecto cabe decir que, aun cuando los derechos reconocidos en la Declaración y desarrollados en otras convenciones y tratados internacionales forman parte del acervo jurídico y político de la mayoría de los Estados, la preeminencia de los Derechos Humanos es todavía una tarea por cumplir: en muchos lugares del mundo aún el riesgo es inminente.

Esta realidad es algo tangible que en muchos casos nos toca muy cerca y nos obliga —como profesionales del derecho y miembros de esta Comisión—, a denunciar con contundencia vulneraciones reiteradas y sistemáticas de Derechos Humanos. A partir de 2020 y gracias en gran medida a toda la situación derivada de la pandemia de la COVID-19, hemos notado un incremento considerable de tales violaciones.

Los derechos de libre circulación, el derecho a la intimidad o el propio derecho a la salud, se han visto vulnerados a la vez que se han hecho más evidentes las desigualdades sociales y económicas y se ha agravado la vulnerabilidad de los colectivos más frágiles como los ancianos, los discapacitados, los enfermos crónicos, las personas sin techo, etc. Todo ello incrementado por la importante crisis económica que la misma pandemia ha generado.

Asimismo, entendemos que ha aumentado la diferencia entre los países más ricos y los más pobres y esto se refleja, fundamentalmente, en los recursos para hacer frente a la pandemia. Aunado a ello, la crisis sanitaria y económica ha causado un especial perjuicio en varios países a lo largo del globo, especialmente en aquellos que sufren adversidades medioambientales.

Por otra parte, debido a lo precedentemente expuesto, cabe decir además que no deja de aumentar el éxodo y la inmigración forzada de personas que huyen de sus países en busca de un sitio seguro para ellos y sus familias, debido a conflictos bélicos, motivos económicos, persecuciones y hostigamiento debido a diferencias de raza, etnia, religión, condición sexual, etc. Por ejemplo, la crisis humanitaria derivada de la desmovilización de tropas norteamericanas en Afganistán ha ocasionado una muy preocupante vulneración de los derechos más básicos de decenas de miles de niñas y mujeres. Por contra, muchos de los Estados receptores de estas olas ingentes de personas, destinan cada vez más fondos a construir muros y controlar sus fronteras en lugar de crear vías legales y seguras destinadas a atender y facilitar la integración de estos migrantes. Tampoco debe olvidarse el importante retroceso en el ámbito del respeto a los derechos del colectivo LGTBI+ en el marco de la misma Unión Europea: países como Hungría —que ha aprobado legislación que prohíbe “mostrar o promocionar” la homosexualidad a menores de 18 años— o Polonia que ha promovido la creación de “zonas libres de ideología LGBT”, evidencian que aún queda mucho por hacer en cuanto a este particular.

En definitiva, son diversos los indicadores que nos llevan a denunciar desde esta Comisión, que existe un riesgo y un retroceso en la protección de los DDHH. Esta deriva, iniciada en 2020 y mantenida a lo largo de 2021, ha producido una lamentable inercia restrictiva que debe motivar acciones por parte de todos los agentes institucionales, sociales y de la esfera privada. Debemos transmitir un mensaje de Justicia, recuperación y reconstrucción con base en los valores inspiradores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

Por todo ello desde la Comisión de Justicia Penal Internacional y Derechos Humanos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, instamos a los Estados y gobiernos a que mediante la acción concreta y no por medio de la mera adhesión sin concreción, se retomen los compromisos adquiridos en cuanto miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Por último, las recientes acciones y declaraciones del nuevo Fiscal ante la Corte Penal Internacional, Iltre. Sr. Karim A. A. Khan, nos dan una perspectiva esperanzadora de que este organismo tendrá un rol más activo y determinante en la investigación y sanción penal de las graves vulneraciones anteriormente expuestas.