Limitar a 600 euros la cobertura de defensa jurídica si el asegurado elige libremente abogado y procurador es lesivo y vacía de contenido la propia cobertura que dice ofrecer la póliza, pues impide ejercer el derecho a la libre elección de abogado y procurador al no guardar ninguna proporción con los costes de la defensa jurídica. (STS 101/2021, 24 de febrero)